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La industria del árido es una actividad extractiva lucrativa y necesaria para el desarrollo de la infraestructura del país, pero, con un alto impacto social y medioambiental.
En Chile no existe un texto legal que aborde de manera general el «derecho de áridos». En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico cohabitan normas dispersas en distintos cuerpos legales de acuerdo con la naturaleza del suelo del que se extraen los áridos, distinguiéndose entre, propiedad privada, o, bien nacional de uso público y bienes fiscales.
Por otro lado, y conforme a la legislación vigente, la Municipalidad es el órgano responsable de otorgar autorización de extracción de áridos en el cauce de los ríos y esteros, ya sea mediante concesiones o permisos. Además, se encuentra facultada para dictar ordenanzas que regulen la tasa que se deberá pagar por concepto de extracción de áridos, de bienes nacionales de uso público o de pozos lastreros de propiedad particular. Finalmente, la entidad edilicia puede otorgar patente municipal si la actividad contempla algún proceso de elaboración y los bienes son vendidos directamente por el productor; entre otras atribuciones.
En este texto se realiza un análisis teórico-practico de las competencias municipales en los procesos de extracción y procesamiento de áridos, con el objeto de determinar cuáles son los problemas actuales en el ejercicio de aquellas atribuciones, en base a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría y la jurisprudencia judicial más relevante emitida en materia de derecho municipal, identificando la causa o motivo de estas dificultades, y proponiendo posibles vías de solución.
Camilo Eduardo Manríquez Bocaz, es abogado y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción, Diplomado en Planificación y Estrategia en Educación para Servicios Locales de Educación Pública de la Universidad de Chile, y Diplo-mado en Derecho del Trabajo de la Universidad Andrés Bello.
Cuenta con experiencia profesional como Asesor Jurídico y Abogado de Municipio y Servicios Públicos. Además, participa como docente en el Diploma Nuevo Sistema de Educación Pública, del Área de Educación Continua del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción.
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